Fuente: emol https://comentarista.emol.com/1908744/12350143/Matias-Poblete.html
La implementación de la Ley N° 21.015 ha impuesto grandes y complejos desafíos a los empleadores. Uno de ellos y que requiere especial y urgente atención es la prevención y el abordaje de riesgos laborales.
Se le ha atribuido una menor importancia a la implementación de ajustes necesarios como la puesta en marcha de planes y protocolos que garanticen condiciones de seguridad a la hora de realizar las tareas encomendadas. En esa línea, vemos con preocupación que el criterio de contratación ha sido dar preferencia a aquellos postulantes que, según una solapada arbitrariedad, tengan menos posibilidades de verse afectados por un accidente en el trabajo, en desmedro de otros aspirantes que por un tema de “apariencia” podrían representar un mayor riesgo para sí o para su entorno. Existen empresas que realizan una somera evaluación de las condiciones laborales, de las competencias de la persona a emplear y de su adherencia a tratamientos médicos y farmacológicos (cuando corresponde) para dar cumplimiento a la normativa a como dé lugar. De esta manera, se exponen a conseguir una experiencia nefasta que afecta a todos los colaboradores y que además genera un clima organizacional tóxico, y por ende, negativo para la inclusión laboral. La autoridad fiscalizadora está lejos de examinar la calidad y las condiciones de trabajo que ofrece el mercado a quienes pese a sus restricciones físicas, sensoriales, mentales o psíquicas pueden y quieren hacerlo. Por eso, las empresas no deben restar importancia a la prevención y abordaje de los riesgos laborales. Tampoco las autoridades deben sustraerse de la responsabilidad de fiscalizar la existencia de planes y protocolos que resguarden la seguridad laboral de todos los trabajadores, lo que, evidentemente trae aparejada la necesidad de revisar y modificar la respectiva normativa nacional vigente. Con todo, es primordial que se adopten las medidas pertinentes para proteger a este segmento, en el marco de la fase 5 del Covid-19 que implica ser parte de una nueva normalidad para la convivencia con el coronavirus.
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